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Josep Piqué • FIDE (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa) • 14 de junio de 2020

Europa como garantía de una sociedad abierta

La actual Unión Europea tiene su origen en la iniciativa de algunos grandes políticos de la posguerra (Schumann, Adenauer y De Gasperi, todos ellos democristianos y Spaak, socialista) y cuyo exponente más conocido es la llamada “Declaración Schumann” de la que se han cumplido recientemente setenta años el pasado 8 de mayo. Hoy esa fecha es el “Día de Europa”.

La Declaración Schumann permitió, al año siguiente, la puesta en marcha de la CECA (Comunidad Europea del Carbón y el Acero), cuyo primer responsable fue Jean Monnet. El objetivo era muy claro: poner en común lo que anteriormente habían sido instrumentos privativos para la guerra entre Francia y Alemania y que había involucrado al conjunto de Europa. Al Tratado se adhirieron ambos países, además del Benelux e Italia. Los seis firmantes en 1957 del Tratado de Roma que crea la Comunidad Económica Europea (además de la de Energía Atómica -Euratom-, e integrando la propia CECA, hasta su extinción en 2002).

Hablamos de los “padres de la construcción europea”, cuyo objetivo y, si se quiere, obsesión, era avanzar en la integración del continente sobre la base de la paz, la solidaridad y la libertad. Y no era poco, evidentemente: era la primera vez que la “unificación europea” no se planteaba desde un poder hegemónico basado en el uso de la fuerza, sino en valores comunes y en la renuncia al uso de esta. Algo, sin ninguna duda, absolutamente histórico.

Pero tal empeño, coronado con éxito (no de otra manera, puede calificarse una iniciativa que comienza con seis países y acaba abrazando a veintisiete -con la lamentable decisión del Reino Unido de abandonarla- y que tiene candidatos llamando a su puerta), solo era posible desde la perspectiva de sociedades abiertas.

Sociedades abiertas, en el sentido “popperiano”, que se basan en el respeto a la igualdad ante la ley y a la libertad individuales, en la garantía del ciudadano ante la posible arbitrariedad de los poderes públicos, en la separación de poderes y en la independencia del poder judicial. En definitiva, en los valores de la democracia liberal y representativa. Sin esos valores, las llamadas “cuatro libertades” de circulación de bienes, servicios, capitales y personas, no pueden cobrar pleno sentido. Y todos los avances en la integración han de fundamentarse a través de la voluntad democrática de los ciudadanos de cada uno de los Estados-miembro, expresada por gobiernos y parlamentos elegidos por sufragio universal, directo y secreto, y con pleno respeto al pluralismo político.

Avances concretados a través de la cooperación intergubernamental, la acción de organismos e instituciones comunes, y un Parlamento y una Justicia genuinamente europeos.

Por ello, no resulta ocioso recordar que el cuestionamiento de tales principios es incompatible con el espíritu y la letra de los Tratados y, por lo tanto, con la pertenencia de pleno derecho a la Unión. El respeto a las soberanías nacionales tiene un límite: el respeto a los principios fundamentales del proyecto político que constituye la Unión y que va mucho más allá de lo estrictamente económico.

Los españoles lo sabemos muy bien: cuando el Gobierno franquista planteó iniciar negociaciones para incorporarse al proceso de integración, recibió la callada por respuesta. Era inimaginable que un régimen político autoritario pudiera formar parte de un proyecto basado en la libertad y la democracia.

Recordarlo es especialmente oportuno hoy ante el auge de populismos iliberales y del retorno de nacionalismos insolidarios. Justo lo contrario de lo que estaba en la cabeza de los padres fundadores: la superación de los nacionalismos (ya dijo Mitterrand que el nacionalismo es la guerra) y la asunción plena de los principios de la sociedad abierta. El populismo y el nacionalismo insolidario es incompatible con la Unión Europea. Su triunfo constituiría su final como proyecto político y una clara amenaza a las democracias liberales que lo sustentan.

La defensa de los valores europeístas es, pues, la defensa de los valores occidentales que permitieron, primero, la derrota de los fascismos y, luego, del comunismo. Europa, por definición institucional, es el anti-totalitarismo.

Una defensa que, ante el repliegue anglosajón, los europeos tenemos la obligación de asumir con todas sus consecuencias frente a un nuevo escenario geopolítico que se sustenta, cada vez más, en el uso de la fuerza, las represalias, y los estrictos y estrechos intereses nacionales.

En estos momentos de crisis profunda, los riesgos de disgregación se acrecientan y las tentaciones de ver a Europa solo como una fuente de recursos financieros a la que cabe exigirle solidaridad incondicional, sin practicar la responsabilidad que corresponde a naciones libres, sirven exclusivamente para alimentar el euroescepticismo y debilitar el mayor y mejor proyecto que la humanidad ha implementado en toda su historia.

Un proyecto que requiere compromiso, seriedad, rigor, honestidad y corresponsabilidad. Como todos los que se basan en la libertad.

Hoy nuestro país, España, sin su pertenencia a la Unión y al euro, sería un país con enormes dificultades para poder financiar sus necesidades para afrontar la crisis, y el riesgo de “default” sería muy serio, con las consecuencias que, lamentablemente, ya conocemos por experiencias propias y ajenas.

Recordemos esto, porque fuera de Europa, estaría el vacío. Y en el vacío, la libertad siempre acaba siendo la principal víctima. Y con ella, la sociedad abierta que nos permite convivir en paz e igualdad. El futuro de Europa es el futuro de la sociedad abierta.

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